Proponen exigir licenciatura en Derecho a diputados locales en Puebla
La asociación civil "Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público" presentó una iniciativa ciudadana ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla para modificar la Constitución Política local e incorporar como requisito obligatorio contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho para ocupar el cargo de diputado local.
La propuesta, formalizada por Alejandro Ruiz Cabrera en calidad de presidente de la organización, fue recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el 23 de junio de 2025.
únicamente:
Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos.
Saber leer y escribir.
Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección.
La adición propuesta contempla incluir:
IV. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho.
En la argumentación del documento, la organización argumenta que la medida busca garantizar que los integrantes del Congreso cuenten con técnica jurídico-legislativa para la elaboración de leyes, decretos y reglamentos. Como antecedente de deficiencias técnicas, el oficio señala resoluciones del Poder Judicial de la Federación en materia de acciones de inconstitucionalidad promovidas contra disposiciones aprobadas por el Congreso local, entre ellas las relativas al derecho del alumbrado público en ejercicios fiscales anteriores y reformas a la Ley del Notariado.
Esta iniciativa ciudadana surge públicamente tras señalamientos de la organización hacia expresiones vertidas por los diputados locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez en torno a personas de diversos rangos de edad.
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🗣️La Asociación "Poblanos Unidos para la Profesionalización del Servicio Público” solicitó retomar la iniciativa "ley Salvatori", en la cual se impide que personas que no estén preparadas sean propuestas para ocupar una diputación.
— Periódico e-consulta (@e_consulta) August 10, 2026
Vía: @RoverCastillo pic.twitter.com/WQgkb69Vgz
Los interesados basaron su propuesta en que los aspirantes tendrían el perfil y conocimientos adecuados que se requieren en la elaboración de leyes, decretos, reglamentos y demás figuras jurídicas propias de su función, teniendo con ello seguramente una mejora sustancial en la técnica jurídico-legislativa.
Por su parte, Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, agregó:
“Eso es una propuesta, obviamente es debatible, discutible, podríamos encontrarle enfoques, pero de inicio para eso son las propuestas para que las discutamos, agrégale, quítale… la sociedad necesita mejores instituciones y el hecho de que se les pida escolaridad a sus servidores públicos, independientemente del poder en el cual sirvan, pues nos permita a nosotros como sociedad, tener mejores servicios”.
Los integrantes de la asociación civil puntualizaron que basan su iniciativa en el derecho humano a un buen gobierno incluido en la Constitución mexicana.
También refirieron a la Tesis Aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito número I4o.A.5 A (11a), con registro digital 2023930, denominada: “BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS Y UN PRINCIPIO DE ACTUACIÓN PARA LOS PODERES PÚBLICOS”, dictada bajo el Amparo Directo 309/2021, publicada el viernes 10 de diciembre de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación.
Dicha iniciativa fue recibida el 23 de junio y aseguraron que se mantiene en la “congeladora legislativa”, es decir, antes del escándalo de las declaraciones de las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares contra adultos mayores.
