VIDEO: Psiquiatra mexicana demanda a Dross por 10 millones de pesos tras video «El monstruo roto»
El creador de contenido Ángel David Revilla fue denunciado por una psiquiatra mexicana, quien lo acusa de daño moral, violencia de género y exposición de datos personales.
El panorama legal del creador de contenido Ángel David Revilla, conocido internacionalmente como Dross Rotzank, se complicó de forma significativa luego de la publicación de un video en su canal de YouTube titulado El monstruo roto. De acuerdo con el propio youtuber, enfrenta una demanda civil y denuncias penales promovidas por una psiquiatra mexicana, quien fue señalada en el material audiovisual.
El conflicto se originó el 16 de enero, cuando Revilla difundió el testimonio de una mujer de 27 años, quien aseguró haber sido víctima de maltratos y presunta manipulación psicológica extrema durante un tratamiento psiquiátrico recibido en 2017 en la Ciudad de México. La controversia escaló debido a que en la versión original del video se exhibieron documentos médicos que incluían datos personales de la especialista y la ubicación de su clínica, situación que llevó al creador a retirar el contenido, editarlo y volverlo a publicar.
Tras la difusión de esta información, la psiquiatra inició acciones legales de amplio alcance. Según lo expuesto por Revilla, se presentó una demanda por daño moral que reclama una indemnización superior a los 10 millones de pesos, además de una denuncia por violencia de género y una solicitud de extradición para que el youtuber comparezca ante autoridades mexicanas
El caso ya ha tenido consecuencias en el ámbito profesional del comunicador. De acuerdo con la información compartida, se habrían solicitado medidas preventivas que incluyen la suspensión de la monetización de sus contenidos y el bloqueo administrativo de su canal, con el objetivo de limitar el impacto del video y salvaguardar la integridad de la demandante mientras avanzan las investigaciones
A través de sus redes, Dross Rotzank ha manifestado su desacuerdo con lo que considera una ofensiva legal desproporcionada. El caso ha abierto un intenso debate público sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los creadores de contenido al difundir testimonios sensibles y el derecho a la privacidad de los profesionales de la salud.
