Estacionamientos en CDMX deberán pagarte por robo o daños: Así es la nueva reforma
Legisladores exigen a alcaldías y autoridades revisar lineamientos para que estacionamientos cumplan con seguros obligatorios y asuman responsabilidad por daños o robos a vehículos.
El Congreso de la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa la regulación de los estacionamientos públicos, ante los frecuentes letreros que declaran «No nos hacemos responsables» y que generan quejas constantes de los usuarios. Legisladores han solicitado a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) revisar los lineamientos que rigen estos establecimientos.
El objetivo principal es establecer tarifas justas y garantizar que los estacionamientos asuman la responsabilidad legal cuando ocurran daños o robos a los vehículos. Pese a que en 2023 se implementaron modificaciones, esta nueva iniciativa busca reforzar la supervisión y el cumplimiento de la ley.
Entre las medidas que ya están en vigor destacan el cobro por fracciones de tiempo, determinado por cada alcaldía, y la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que cubra pérdidas o daños. Los montos de cobertura establecidos son: para bicicletas hasta $51,870 pesos, para motocicletas hasta $207,480 pesos y para automóviles hasta $933,660 pesos.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya alertó que se estima que 6 de cada 7 estacionamientos públicos en la CDMX operan sin cumplir las normativas, ya sea careciendo de licencia o del seguro obligatorio. Esto deja en situación de vulnerabilidad a los consumidore
Es importante destacar que los letreros que intentan eximir de responsabilidad constituyen una práctica que evade las obligaciones legales. La ley establece que los estacionamientos sí deben responder por los incidentes que ocurran dentro de sus instalaciones, siempre que el vehículo haya sido entregado bajo su resguardo
Ante cualquier problema, los afectados pueden presentar una queja formal ante la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), la cual tiene la facultad de sancionar a los establecimientos que no cumplan con la legislación vigente.
