Prófugos, presos y traicionados: el infame final del "nuevo PRI" que presumió Peña Nieto
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Durante su campaña a la Presidencia de la República y tras ser investido como mandatario, Enrique Peña Nieto aseguraba que en el país gobernaba "un nuevo PRI". Rodeado por nuevos cuadros y bajo la narrativa de "Mover a México", la intención era presentar un partido rejuvenecido y dejar atrás la sombra que siempre lo ha perseguido: la corrupción y la impunidad.
Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso: este nuevo PRI demostraba que las prácticas del pasado no habían quedado atrás, sino que se habían perfeccionado y los nuevos gobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, dejaron de ser el ejemplo de un tricolor renovado, para dejar un legado de excesos, corrupción e impunidad.
Como resultado, el partido perdió las pasadas elecciones a la Presidencia y terminó relegado en un lejano tercer lugar, en medio de luchas internas que han terminado por desdibujar aún más a este organismo político.
El caso del ex gobernador de Veracruz tal vez sea el más representativo del nivel de corrupción que se alcanzó dentro del llamado "Nuevo PRI".
Durante el gobierno de Duarte, en el que se vivieron altos niveles de inseguridad derivado de la delincuencia organizada, se desviaron al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
Tras pedir licencia para dejar el cargo y huir del país, Duarte fue detenido el 16 de abril de 2017 en un hotel de lujo ubicado en Guatemala, captura que asegura el exmandatario estatal, fue "un circo" ya que habría sido pactada con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con anterioridad. Luego, fue extraditado a México en donde fue condenado a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada (delito que le fue reclasificado para logar una sentencia más baja).
Este martes 9 de julio, Duarte aseguró haber enviado una carta a la Fiscalía General de la República, en donde ofrece aportar "información privilegiada" de funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.
Fue gobernador de Chihuahua del 2010 al 2016. El otro Duarte, como se le conoce (en referencia al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte) fue acusado del delito de peculado.
Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.
Aunado a esto, diversas versiones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. César Duarte era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos.
Fue al inicio de la administración del actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra Duarte. En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015.
El 25 de enero de 2019, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el pasado 12 de junio, que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y aunque en enero del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) aseguró que ya tenía ubicado a César Duarte en El Paso, Texas y se alistaba su extradición a México, el ex gobernador sigue prófugo de la justicia.
Gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Durante su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a la armadora coreana de automóviles KIA, que habría derivado en un desfalco 3 mil millones de pesos a las arcas estatales.
Tras la llegada de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" al gobierno estatal, se desarrolló la llamada "Operación Tornado" en la que se dio a conocer el desfalco. Se aseguró que el priista tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno, el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Pero dos años después (2017), Rodrigo Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio.
